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Nota de opinión por el Dr. Jorge Cancio.
Durante el primer trimestre del año, se ha registrado un aumento significativo en las causas penales, con una particularidad preocupante: La presencia de violencia innecesaria en los incidentes investigados, caracterizada por su desproporcionalidad respecto a las circunstancias. Discusiones que llevan a enfrentamientos y lesiones, hurtos que se transforman en robos y robos en banda que terminan en homicidios.
Aunque estas cifras aún no se reflejan en las estadísticas oficiales, son evidentes los cambios en el ambiente, perceptibles al transitar por tribunales y fiscalías, también por interactuar con colegas de la justicia. Concretamente, se ha observado un aumento notable en las causas penales en las que la violencia es el factor predominante en los incidentes investigados y es la preocupación de parte de esta sociedad.
Al analizar el tema, es inevitable pensar en la presencia de situaciones de violencia desde el principal ámbito institucional. Esto se evidencia, lamentablemente, cuando el titular a cargo del ejecutivo nacional recurre a una retórica agresiva, insultando a aquellos con los que está en desacuerdo, en actos que parecen reflejar cierta incontinencia verbal y paranoia.
A esto se le suma, que la situación económica del país ha empeorado. Por lo cual, genera incertidumbre laboral entre la población, dando como resultado una inestabilidad emocional y un aumento de la frustración. Como bien expresó, Patricio Rey en su canción ‘Nuestro amo juega al esclavo’, la violencia puede manifestarse a través de la mentira, “VIOLENCIA ES MENTIR” un fenómeno que parece lamentablemente actual en la política contemporánea, donde el acceso al poder se ha visto facilitado por medio de engaños y falsedades.
Pero volviendo específicamente a la cuestión jurídica y a la evaluación de la problemática de la seguridad en nuestra sociedad, las situaciones ut supra descriptas son potenciales detonantes de violencia innecesaria, que he descrito, lo cual a menudo resulta en un aumento de las causas penales. Implicando una mayor carga de trabajo para las fuerzas de seguridad, para actuar en prevención y en el control de manifestaciones, con una sobrecarga posterior de tareas en las fiscalías, que deben hacer frente a las consecuencias de la inestabilidad emocional y la frustración generadas por las circunstancias políticas y económicas que estamos padeciendo.
No hay que olvidarse que las instituciones gubernamentales son pilares fundamentales, en la contención y prevención de la violencia en una sociedad y los delitos. Sin embargo, la efectividad de su acción se ve comprometida cuando desde el propio poder ejecutivo se propugna por una reducción del Estado, en lugar de fortalecerlo. Esta postura limita severamente la capacidad del Estado para desempeñar su rol esencial en la protección y seguridad de los ciudadanos. Quedando solamente el lado represivo; El cual obviamente es necesario y también necesita la correspondiente inversión, capacitación y mayor tecnología, para actuar en prevención, no solo represivamente.
Para abordar de manera efectiva la prevención de la violencia, es imperativo que se preste atención prioritaria a la inversión en recursos sociales y comunitarios. Esto implica brindar apoyo integral a los docentes, quienes no solo educan, sino que también actúan como figuras importantes en la detección temprana y el manejo de situaciones de riesgo. Además, es esencial proporcionar entornos educativos seguros y estimulantes para los alumnos, así como espacios comunitarios como centros recreativos y polideportivos, que fomenten el desarrollo sano de la juventud y promuevan el sentido de pertenencia y comunidad. Siendo claves el trabajo, la salud y la educación.
También, la falta de inversión en estos recursos y servicios esenciales no solo debilita la capacidad del Estado para prevenir la violencia, sino que también contribuye a una mayor marginalización y desigualdad social. Sin la atención adecuada a estas necesidades básicas, las personas y comunidades enfrentan mayores riesgos de exclusión y conflicto, lo que a su vez puede aumentar la incidencia de delitos y situaciones que requieran la intervención de las autoridades judiciales.
Además, es importante tener en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 en el aumento de la violencia, especialmente dentro de los hogares. Durante el período de aislamiento obligatorio por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), se observó un preocupante incremento en los casos de violencia intrafamiliar, siendo las mujeres las más afectadas.
En este contexto, resulta aún más imperativo fortalecer los recursos y las políticas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género. Esto implica garantizar la disponibilidad de refugios seguros, líneas de ayuda y servicios de asesoramiento para las víctimas, así como promover una cultura de respeto y equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad.
Todo lo detallado anteriormente, se ve agravado cuando los problemas de base se ven exacerbados por el consumo de drogas, que constituye una parte significativa del tejido social problemático. Por un lado, la falta de eficacia estatal en abordar el consumo problemático, especialmente entre la población joven sometida a procesos judiciales, resulta alarmante. Es preocupante constatar que una vez detenidos, estos jóvenes carecen de acceso a tratamientos efectivos para sus adicciones.
Por otro lado, la inseguridad que experimentan los vecinos se agrava debido a la falta de actividad por parte de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia asociada a este fenómeno.
Una estrategia para combatir esta problemática debe incluir varios aspectos clave. En primer lugar, es crucial priorizar una mayor capacitación del personal de seguridad y del sistema judicial, brindándoles las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar estos desafíos de manera más efectiva. Además, se requiere una estrategia de prevención más robusta, que no solo se enfoque en responder a los incidentes una vez que ocurren, sino que también trabaje para prevenirlos en primer lugar, mediante programas comunitarios, educativos y de intervención temprana.
Es importante destacar que, en muchos casos, rastrear los movimientos de dinero asociados al narcotráfico puede ser más efectivo que simplemente perseguir a los distribuidores minoristas. Al seguir el flujo de capital y desmantelar las redes financieras que sostienen estas operaciones ilícitas, las autoridades pueden cortar el suministro de recursos a los grupos criminales y debilitar su capacidad para operar.
En resumen, abordar la inseguridad vinculada al narcotráfico y la delincuencia requiere un enfoque multifacético que combine la capacitación del personal, una estrategia de prevención integral, la adopción de tecnologías modernas y la actualización de la legislación. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido, tanto a nivel local como nacional, se podrá hacer frente a este desafío de manera efectiva y proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Sin embargo, todas estas medidas conllevan un costo, lo cual es particularmente problemático en un país donde se repite constantemente que no hay recursos suficientes. Es evidente que en los últimos meses no se han establecido políticas claras en materia de seguridad, lo que agrava la situación. Además, la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de los menores, aunque es algo con lo que estoy de acuerdo, solo sería viable si se implementaran medidas complementarias. Esto incluiría la creación de centros de detención de menores en cada municipio, con personal especializado, jueces y fiscales dedicados exclusivamente a abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal. No puede ser aceptable que los jueces o fiscales, en el caso de detenciones de menores en flagrancia, simplemente ordenen su liberación por teléfono y los entreguen a sus familias, especialmente cuando estas últimas pueden ser parte del problema. Es necesario un enfoque integral que considere no sólo la represión del delito, sino también la prevención, el tratamiento de las adicciones y la atención de las causas subyacentes de la criminalidad juvenil.
Es fácil expresar la necesidad de cumplir con la ley, pero para que esto se convierta en una realidad palpable, se requiere más que meras palabras. Es fundamental proveer los recursos adecuados y las oportunidades necesarias para que los individuos puedan vivir verdaderamente en un estado de derecho. Esto implica garantizar el acceso a una educación de calidad, a servicios de salud, a un sistema judicial imparcial y eficiente, así como a oportunidades laborales justas y equitativas.
Sin los recursos adecuados, el cumplimiento de la ley se vuelve una tarea difícil, si no imposible, para muchos. Por lo tanto, el verdadero compromiso con el estado de derecho no solo implica exigir su cumplimiento, sino también crear las condiciones necesarias para que este cumplimiento sea alcanzable y significativo para todos los miembros de la sociedad. Es una responsabilidad colectiva garantizar que la ley no solo exista en papel, sino que también se refleje en la vida cotidiana de las personas, proporcionando un entorno donde los derechos sean respetados y las oportunidades sean accesibles para todos.
Dr. Jorge Javier Cancio
Estudio Juridico Dr. Cancio & Asoc.
