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ABORTO LEGAL: UN GRAVE RETROCESO
El presidente de la Nación ha enviado al Congreso un proyecto de ley que legaliza la práctica del aborto.
Legalizar el aborto significa un gravísimo retroceso para la humanidad y una prueba más de que la crisis civilizatoria provocada por el sistema global materialista y economicista que la conduce, vive su etapa de descomposición final.
A lo largo de la historia, los seres humanos han evolucionado hacia formas cada vez más perfectas de humanización. Sin perjuicios de experimentar graves retrocesos como lo fueron en el siglo pasado las guerras mundiales y la devastación de la naturaleza, nadie hoy se animaría a proponer el belicismo o las armas de exterminio masivo como alternativas superiores a la paz y a la concordia entre las naciones.
Tampoco nadie propondría abiertamente la destrucción ecológica y aquellos que la producen, suelen disimularla con una buena dosis de hipocresía.
Los derechos humanos son proclamados en todos los foros internacionales, aun por lo que lo violan sistemáticamente.
Más allá de esa conducta dual, en el plano del deber ser, se imponen aun las conductas positivas hacia una mayor humanización.
La legalización del aborto comienza a desandar esa tendencia y admite como conducta legal la eliminación de una vida invocando una razón supuestamente superior.
Pareciera que retrocedemos a las “razones de estado” o los “destinos manifiestos” que justificaron millones de muertos. Volver a invocar la necesidad de aumentar de manera exponencial la violencia como en el horror de Hiroshima y Nagasaki, con el argumento de terminar rápidamente la guerra y evitar más muertes.
Es realmente peligroso para la humanidad bajar el umbral de tolerancia que limita la eliminación de una vida humana y naturaliza disponer de la vida y la muerte como si fuera normal, porque esa normalidad invierte el camino virtuoso que ha recorrido el reconocimiento universal de los derechos humanos, que han llegado a los llamados de cuarta generación, para poner en duda el primero y más elemental que es el derecho a la vida.
Después de esto, ¿cuál es el próximo paso? ¿La eliminación de los ancianos disfrazada con el eufemismo de la “muerte digna” consumando la exclusión de los más débiles?
Y a continuación ¿se comenzará a poner en discusión la necesidad de la tortura y la pena de muerte? ¿Veremos a gente bien pensante, no solo de la derecha “sincera” sino del progresismo cultural, aterrados por la violencia cotidiana que este sistema económico se encargara de aumentar, creer que es necesario que las fuerzas de seguridad recurran lícitamente a lo que hoy llamamos apremios ilegales, para evitar males mayores que pudieran causar los delincuentes?
Y, por último, parece lógico que, en ese camino, se termine creyendo en la solución final que significa la pena de muerte para aquellos que la indignación publica considera que deben ser eliminados de la sociedad.
Hace apenas cuarenta años se consideraba normal en nuestro país que en cualquier comisaría se recurriera a la picana eléctrica para “hacer hablar” a los sospechosos. Práctica que obviamente se aplicaba también a los militantes políticos.
Hubo que llegar al horror de la dictadura de 1976 para que se eliminara la utilización generalizada de la picana eléctrica y otros elementos de tortura que habían adquirido un grado de naturalización tal, que era utilizada aun entre el mismo personal policial para esclarecer ilícitos, aun de poca monta, cometidos dentro de la misma fuerza.
Después del “Nunca más” muchos se preguntaban cómo se podía haber llegado a tal grado de deshumanización.
La respuesta es que se llega cuando se decide justificar la eliminación de la vida o la violación de la integridad física o moral de alguien por una razón supuestamente superior.
Es en este punto donde las justificaciones y las indignaciones se tornan hipócritas por parte de los que deciden.
Es justo indignarse por el caso Chocobar o por Santiago Maldonado. Es justo indignarse por la violencia contra las mujeres.
Porque, entonces, no juzgamos de la misma manera la eliminación dela vida de un inocente.
Acaso ¿Por qué está oculta en el vientre de la madre? Como están ocultos o invisibilizados los miles de niños excluidos de nuestra sociedad.
La verdad es que en la Argentina el aborto hace tiempo que está legalizado de hecho. Si son ciertas las cifras que esgrimen los que promueven su legalización, es fácil advertir que tantos episodios no ocurren en obscuros recintos regenteado por algún “practico” dedicado a esas operaciones. Es vox populi que los abortos se realizan en los hospitales públicos y en las clínicas privadas y se registran como casos espontáneos, a la vista de las autoridades. Si no fuera así alguna vez nos enteraríamos de alguna detención o algún allanamiento.
Parecería que solo falta la sanción de la ley para brindar seguridad jurídica a las empresas que se dedican a este negocio y para utilizar el dinero del presupuesto de la salud pública, de las prepagas y obras sociales para hacer próspero el negocio del aborto.
Bajar el umbral de la tolerancia a la injusticia degrada la humanidad. Lo mismo pasó con la droga y su persistente naturalización.
Drogas hubo siempre, pero la sociedad no toleraba su uso masivo, mucho menos en los jóvenes y muchísimo menos que un vecino del barrio la comercializara.
Hace setenta años, el límite de tolerancia a lo ilícito pasaba por el juego clandestino que afectaba la recaudación fiscal de un estado que en ese entonces manejaba estándares mínimos de juego de apuestas y lo desalentaba llamándole “el impuesto a los tontos”. No hace falta contar como muestro país se convirtió en una gran timba, sino observar como en los kioscos donde se pasaba antiguamente algún “numerito” hoy se venden sustancias de todo tipo y que el quinielero del barrio, agobiado por la desmesurada competencia del estado, se convirtió o fue reemplazado por el “transa” del barrio.
Alguien puede argumentar que es una desmesura conectar la legalización del aborto con la legalización de la tortura y la institución de la pena de muerte.
Sin embargo, es bueno observar lo que ocurre en los países “serios” que suelen tomarse como ejemplo en estos casos.
Se ha legalizado o naturalizado la tortura en los países centrales con la justificación de la guerra contra el terrorismo. Se mantiene la pena de muerte y la violencia policial selectiva.
De la misma manera se ha ido avanzando en la legalización de la droga.
Legalizar el aborto no es un problema de salud pública. Es un problema de soberanía política ante los embates permanentes de la colonización cultural, que es una de las formas del neocolonialismo que han generado los líderes de esta nueva forma del imperialismo llamada globalización y que casualmente conducen los grandes intereses de la usura internacional.
El presidente dice que ha enviado el proyecto al congreso porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Es una noble actitud cumplir con los compromisos asumidos.
Sería interesante que nos dijera ante quien se comprometió. A quien le prometió tal cosa.
Al pueblo seguramente no. Y si cree que lo hizo sería importante recordarle que el pueblo no se lo pidió así que podría sentirse relevado de su supuesto compromiso. La doctrina de los que lo votaron dice que la democracia es hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interes: el del pueblo. Eso es lo único que importa. Sus promesas pasan a un segundo plano.
Al pueblo le prometió otras cosas que todavía no se lo reclaman en forma vehemente, pero se lo recuerdan, porque son temas sumamente sensibles, sobre todo para los más humildes.
En definitiva, si asumió el compromiso con cualquiera que no sea el pueblo que le confió la presidencia que no se preocupe por los reclamos que le puedan formular. Aunque ahora cumpla, igual le seguirán reclamando porque son insaciables.
Solo recuerde que, en ese momento, solo el pueblo estará de su lado si no le falló en sus justos reclamos.
Carlos Ferré
29/11/20
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